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Los gobernadores comenzaron a negociar con la Casa Rosada para evitar que el ajuste de 20 mil millones de dólares propuesto por Javier Milei afecte sus chances en el año electoral. Mientras tanto, el régimen chavista, a través del fiscal Tarek William Saab, tramita órdenes de captura internacionales contra Milei, su hermana Karina y Patricia Bullrich por la incautación de un avión y supuestas violaciones a los derechos humanos. Además, el gobierno de Milei enfrenta críticas tras reprimir nuevamente a jubilados que protestaban frente al Congreso, dejando varios heridos. En paralelo, un nuevo paro de gremios aeronáuticos afecta los vuelos en 27 aeropuertos del país, mientras que los intendentes del Conurbano rechazan la baja de tasas municipales pese a las amenazas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien los acusa de sabotear la lucha contra la inflación. A su vez, las provincias ya han ajustado en al menos 7.500 millones de dólares desde que Milei asumió, con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe liderando los recortes en salarios y obra pública. |
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El Presidente quiere que las provincias bajen USD 20.000 millones el gasto en 2025. Pero la mayoría de los mandatarios cree que es una meta demasiado ambiciosa y que, de aplicarse, podría hacerles perder las próximas elecciones. Las alternativas que empezaron a explorar en el inicio del debate del Presupuesto Para algunos, la meta fue demasiado ambiciosa. Y para otros, impracticable. Sin embargo, ningún gobernador fue indiferente a la frase que pronunció Javier Milei la noche del domingo, cuando presentó el Presupuesto. “Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares”, planteó. Esa cifra duró poco: el lunes siguiente pasó a 20 mil millones de dólares. Pero también provocó estupor y sorpresa. Es una discusión que se da en el inicio del tratamiento del primer proyecto de presupuesto que elaboró la administración libertaria, que mezcló enormes dosis de ortodoxia económica y audacia política, con algunos errores veniales. Desde la dimensión del ajuste exigible a las provincias, a la confusión de las planillas de las obras para cada distrito. Es una negociación incipiente que empezaron los gobernadores en el Zoom del mismo lunes -donde se rebajó a un tercio la “exigencia” del recorte de gasto- y que promete continuar los dos meses que demandará, al menos, el debate y la aprobación en la Cámara de Diputados y el Senado del Presupuesto. En esa reunión participaron los que están cerca de la Casa Rosada y faltaron los que están más lejos. No hubo sorpresas. Como tampoco llamó la atención que ayer fueran a la sede del Ejecutivo los diputados y senadores del oficialismo para pulir la estrategia parlamentaria. En el Salón de los Escudos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y otros funcionarios, estuvieron el lunes con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Hugo Passalacqua (Misiones), que habían ido a Gobierno, mientras que se conectaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) -que confirmó a último momento-, Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), y Claudio Poggi (San Luis). El jefe de Gabinete porteño, Jorge Macri, el cordobés Martín Llaryora, y el neuquino Rolando Figueroa, mandaron representantes. Y pegaron el faltazo los que están más enfrentados a Javier Milei y su gobierno: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). |
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| | El fiscal general Tarek William Saab confirmó la apertura de dos investigaciones contra el presidente argentino por la incautación del avión de Emtrasur y por supuestas violaciones a los derechos humanos. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este miércoles la apertura de dos investigaciones en contra del presidente Javier Milei y otros funcionarios del Gobierno argentino por la incautación del avión venezolano-iraní de Emtrasur y por supuestas violaciones a los derechos humanos. En rueda de prensa, Saab anunció que la Fiscalía está "tramitando" órdenes de detención contra el presidente argentino, su hermana Karina Milei, y contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Se anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión", confirmó el funcionario chavista en rueda de prensa. La primera investigación apunta a lo que desde Venezuela califican de "robo" de una aeronave de carga, que fuera "retenida irregularmente" en el aeropuerto de Ezeiza y entregada posteriormente al Gobierno de Estados Unidos. Saab explicó que, en el caso del avión, que fue "totalmente desmantelado" en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de "robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir". El segundo caso, en tanto, plantea presuntas "violaciones a los derechos humanos" que se habrían cometido en el contexto de la implementación del plan económico del presidente libertario. "El Ministerio Público considera que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad", indicó Saab, quien señaló que antes de puntualizar que dichas acciones "se compadecen con lo estipulado en el Estatuto de Roma". |
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Reprimir a los jubilados: la nueva costumbre del Gobierno de Javier Milei Pocas horas después del asado en Olivos para festejar el veto a la ley de movilidad, las fuerzas de Seguridad desalojaron otra movilización en el Congreso. Más de 600 jubilados insistieron con el reclamo del aumento en los haberes y la restitución de la cobertura del PAMI. Hubo al menos 10 heridos con lesiones químicas, entre ellos la diputada nacional Vanina Biasi. El Gobierno Nacional instauró una nueva práctica: reprimir a jubilados. Como cada miércoles desde hace un mes, las fuerzas de seguridad desalojaron con gases lacrimógenos, armas de fuego con postas de goma y bastonazos una nueva movilización en los alrededores del Congreso. Pocas horas después del asado en Olivos con los diputados que garantizaron el veto del presidente Javier Milei a la Ley de movilidad jubilatoria, volvió la violencia frente al Parlamento por cuarta semana consecutiva. Un grupo de 200 efectivos de Infantería y de Detención de la Policía Federal reprimió a más de 600 jubiladas y jubilados que circulaban alrededor del Congreso para pedir un aumento de emergencia, la recomposición de los haberes y la restitución de la cobertura de los medicamentos al 100% del PAMI y el resto de las obras sociales. Mientras marchaban por la avenida Entre Ríos, la policía inició el operativo con empujones y gases. Según relevó la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), hubo al menos 10 heridos con lesiones químicas, entre ellos la diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi. “Tengo 30 años de militancia, me han gaseado muchísimas veces, pero nunca un gas me quemó como éste. Es impresionante lo que me está quemando, siento una quemazón terrible en la piel”, afirmó la legisladora del Partido Obrero que fue atacada cuando se agachó para asistir a un hombre que estaba tirado en la calle. El presidente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA Argentina), Esteban Chalá, le confirmó a Página/12 que atendieron a una decena de personas afectadas por el spray de gas pimienta, que fueron atendidas en el lugar sin derivación a hospitales. “Había personas de 80 años tiradas en el piso por un operativo intempestivo y absurdo, otra vez a 20 metros de que desarmaran la movilización", agregó la diputada en diálogo con la radio AM 750. |
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| | - Es la primera medida de fuerza desde que se reglamentó la "esencialidad" del servicio.
- Se llevará a cabo en dos turnos y estiman que impactará en 27 aeropuertos de todo el país.
Un nuevo paro de gremios aeronáuticos, el primero desde que se reglamentó la "esencialidad" del servicio, comenzó esta mañana en distintos aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza de los trabajadores de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se llevará a cabo en dos turnos y tendrá lugar en 27 terminales aéreas. “Los servicios que se van a ver afectados son administrativos y operativos, en cuanto al servicio de extinción de incendios, sanidad y control terrestre. Por lo tanto, en los horarios que dure la medida de fuerza los aeropuertos no van a estar operativos, se van a disminuir los servicios y por ende las aeronaves no van a poder operar", anticipó el martes Marcelo Belelli, secretario general de ATE en ANAC. Con la exigencia de "retrotraer los despidos" a miembros del organismo, la reapertura de la paritaria y la inclusión de trabajadores en la discusión sobre cambios a procesos y normativas del organismo, ATE anunció el paro en una carta dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De todas maneras, desde la Secretaría de Transporte de la cual depende la ANAC, aseguraron que “no se verán interrumpidos servicios en aeropuertos” gracias a que el lunes, a través de dos decretos, quedó establecido que los gremios deberán garantizar durante sus protestas un piso de 50% de los servicios que se prestan en un día normal. En este contexto, quedó la puerta abierta para que la medida de fuerza implique únicamente demoras en los servicios de la mañana. El panorama, se cree, se irá aclarando con el correr de las horas. Según se precisó, el primer turno del reclamo se extenderá hasta las 12 (comenzó a las 6 de la mañana), mientras que el segundo abarcará desde las 17 hasta las 22. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se encarga de la regulación de las actividades civiles de asistencia y emergencia en las terminales aéreas, aunque algunos aeropuertos cuentan con la cobertura propia de esos factores. Recientemente, el secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, advirtió que el conflicto con el Gobierno “se va a poner peor”, palabras que le valieron una denuncia penal en su contra por presunta comisión de delitos de acción pública. La acusación fue presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con junto al equipo de abogados del ministerio de esa cartera expuso que “las acciones y declaraciones de Pablo Biró podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”. |
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Guerra abierta entre el Gobierno y los intendentes del Conurbano: no bajan las tasas pese a las amenazas de Caputo - El ministro acusa a los jefes del GBA de boicotear la lucha contra la inflación y pedirá a la Justicia que les prohíba subir tasas.
- Los intendentes perdieron hasta el 15% de la recaudación y hay cuestionamientos internos contra La Cámpora por aumentos desmedidos.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, fue la que salió a pedirles a sus colegas peronistas del Conurbano bonaerense que salgan a apoyar a su compañero de La Cámpora y también intendente pero de Lanús, Julián Alvarez. "Apuntan a Julián pero vienen por todos nosotros", escribió Mayra el lunes, en el chat que la mayoría de los jefes peronistas del GBA comparten con el gobernador Axel Kicillof. Los intendentes sienten que el Gobierno está haciendo tiro al blanco con ellos como blancos. El francotirador no sería Guillermo Francos sino el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien parece encarar una cruzada personal contra los inoxidables jefes comunales del Gran Buenos Aires. Caputo los acusa de boicotear el plan del Gobierno para bajar la inflación con su decisión de subir las tasas municipales. "No paran de crear tasas o subirlas. Lo hacen para recaudar más y evitar bajar sus gastos. Pero por sobre todo, intentan que la inflación no siga bajando. Está claro que cada vez que agregan o aumentan una alícuota, se traslada a los precios y le joden la vida a sus propios vecinos", le señalan a Clarín desde el Gobierno libertario. La semana que viene, Caputo estaría presentando en la Justicia una demanda para prohibir la Tasa Vial que cobran los municipios y que recae sobre los combustibles. El argumento del Gobierno es la doble imposición, ya que en los surtidores el litro de nafta ya está gravado. En Economía plantean que sería ilegal agregarle una alícuota para engordar la arcas comunales. La inmensa mayoría de los Partidos del GBA cobra un extra por cargar nafta en sus estaciones de servicio. No es inocuo: llenar el tanque en esas comunas suele salir más caro que en otros lugares donde no aplican la alícuota. Sólo Tres de Febrero, San Martín, Esteban Echeverría, San Miguel, Morón y próximamente San Isidro, no tienen Tasa Vial. "No es poca guita. Significan unos $1.000 millones anuales", apunta un intendente. Consultados por este diario, los intendentes que la cobran señalan que no es ilegal. Y que lo recaudado se usa para mantener las calles y avenidas de sus respectivos distritos en un contexto de crisis económica que, según resaltan, pocas veces vivieron. |
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Las provincias ajustaron el gasto por al menos USD 7.500 millones desde que asumió Milei La “motosierra” se concentró en salarios, obra pública y transferencias a municipios. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentraron casi el 60% del ajuste. Hubo superávit en el primer semestre Las provincias realizaron durante el primer semestre un ajuste del gasto público de al menos USD 7.500 millones, con la “motosierra” concentrada especialmente en salarios del personal, obra pública y transferencias a municipios según informó una consultora privada en base a números oficiales. Entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe concentraron casi el 60% del recorte que realizaron las 12 jurisdicciones analizadas, las cuales finalizaron con superávit fiscal. El presidente Javier Milei afirmó este domingo durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 en el Congreso que los gobernadores deberían realizar un ajuste de USD 60.000 millones para alcanzar los lineamientos del Pacto de Mayo, en medio de la búsqueda del gobierno por consolidar el equilibrio fiscal. Ese número fue relativizado más tarde por fuentes oficiales, quienes fijaron la cifra en USD 20.000 millones pero no precisaron una meta temporal. El trabajo de Politikon Chaco releva la ejecución presupuestaria para 12 provincias que tienen actualizada su información correspondiente al segundo trimestre del año. De allí se desprende que todas las jurisdicciones analizadas mostraron una caída en el gasto público: CABA (-9,9%), Neuquén (-14,5%), Buenos Aires (19,1%), Entre Ríos (-20,7%), Santa Fe (20,8%), Río Negro (-22,6%), Córdoba (-24,4%), Chaco (-32,6%), Catamarca (-33,2%), La Rioja (-36,7%), Tierra del Fuego (-38,6%) y Formosa (-42,8%). A nivel consolidado, el recorte acumulado al primer semestre fue de 21,2% real respecto al mismo período del año pasado. “Traducido en pesos constantes de 2024, el recorte del gasto público es de $6.833.556 millones. Convertido a dólares (según T.C de referencia del BCRA), el ajuste del gasto público es por USD 7.495 millones”, detalló la consultora. |
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El PBI cayó un 3,4% en el primer semestre: cuáles fueron los sectores más afectados La economía volvió a caer tanto en términos interanuales como en comparación al trimestre inmediatamente anterior. En el segundo trimestre de 2024, el producto interno bruto (PIB) descendió 1,7% en términos desestacionalizados respecto al primer trimestre del año, señaló el último informe del INDEC publicado este miércoles. Así, en la primera mitad del año la economía se hundió un 3,4%. En cuanto a la demanda, solamente tuvieron un incremento trimestral, en términos desestacionalizados, las Exportaciones, con 3,9%. El Consumo privado descendió 4,1%, el Consumo público cayó 1,1% y la Formación bruta de capital fijo bajó 9,1%. La serie original del PIB, en comparación con igual período del año anterior, mostró un descenso de 1,7% en el segundo trimestre del año. Entre los componentes de la demanda, el mayor descenso se observó en la Formación bruta de capital fijo, con -29,4% interanual (ia). Por el lado de los sectores de actividad, se destacan los descensos en Construcción (-22,2% ia), Industria manufacturera (-17,4% ia) y las actividades de Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-15,7% ia). En contrapartida, crecieron el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (81,2% ia), Pesca (41,3% ia) y Explotación de minas y canteras (6,6% ia). |
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Efecto desregulación: los alquileres y las telecomunicaciones subieron hasta 66 puntos más que la inflación en el año Los aumentos de precios en servicios, convalidados explícitamente o implícitamente por el Gobierno, ponen un piso a la inflación general. En siete de los ocho meses de 2024, el precio de los alquileres y de los servicios de telecomunicaciones aumentaron por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel general. De este modo, la política de desregulación del Gobierno de Javier Milei pone bajo presión el proceso de desaceleración de la inflación. Milei se propuso desde su llegada retirar al Estado del control de precios en muchos sectores de la economía, con el argumento de que había que ordenar los precios relativos luego de varios años de desequilibrio. Como consecuencia, en agosto la inflación interanual de servicios fue superior a la de bienes por tercer mes consecutivo. En particular, un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (UNDAV) remarcó que, desde la derogación de la Ley de Alquileres, los alquileres saltaron un 213%, 66 puntos porcentuales por encima de un IPC que trepó 147% entre diciembre de 2023 y agosto de este año. En el mismo sentido, UNDAV agregó que los servicios de internet y telefonía se incrementaron 201%, también bastante por encima de la inflación promedio. "El Gobierno estaría en una encrucijada ya que la desregulación parece complicar el objetivo de desinflar", advirtieron desde el observatorio. |
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| | Un misterio oculto en el presupuesto de Milei El incremento del 100% en la recaudación de las retenciones encendió alarmas; algunos empiezan a imaginar un nuevo “dólar soja”, mientras se sostiene la gran paradoja del anarcocapitalismo: odia que el Estado intervenga, pero regula el principal precio de la economía El proyecto de presupuesto que presentó Javier Milei el domingo pasado, y que ya fue enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, cobija un gran enigma. Al calcular los recursos del Estado, promete un incremento de 100% en la recaudación de derechos de exportación. Es decir, retenciones. La publicación de esa proyección encendió una alarma muy comprensible entre los exportadores. Sobre todo en el sector agropecuario. Como en otras oportunidades, el equipo económico debió divulgar una aclaración: ese salto impresionante se debe a que, seducido por el “dólar soja” que ofrecía el gobierno de Alberto Fernández, muchos productores adelantaron sus ventas. Por lo tanto, las exportaciones de 2024 fueron muy bajas. Eso explica por qué cabe esperar un incremento tan voluminoso en 2025. La explicación siguió sin convencer a muchos profesionales de la Economía. Hicieron los cálculos y no encontraron la forma de justificar semejante aumento. En la ecuación más generosa, calculando una mejora llamativa en el precio de las commodities, se podría imaginar que esos ingresos de 2025 suban un 50% respecto de los de este año. El desafío de despejar ese misterio induce en estas horas varias especulaciones. La más obvia es que habría un incremento de las retenciones. Nada que deba sorprender. El Gobierno intentó llevarlo a cabo apenas llegó al poder y fue necesaria una gestión muy intensa del sector agropecuario para hacerlo desistir. Pormenores que la conducción de la Sociedad Rural le recordó a Luis “Toto” Caputo en una tensa entrevista de comienzos de julio. Es muy razonable suponer que el oficialismo no puede aplastar a los productores del campo con un golpe impositivo, sobre todo en un año electoral. Por eso la resolución del acertijo incorporaba ayer otra variable. Uno de esos expertos la explicaba ayer de este modo: “Un aumento de las retenciones que permita duplicar la recaudación sólo podría ser viable si va de la mano de la creación de un nuevo dólar para los exportadores; en ese caso sí se podría imaginar ese salto en los ingresos”. El argumento fiscal parece más verosímil porque asume el problema cambiario. Una de las inquietudes que despierta la política económica es la escasez de reservas del Banco Central. Fernando Marull observó que esa institución sumó en septiembre 6696 millones de dólares de reservas netas, cuando el Fondo Monetario Internacional esperaba que las aumentara en 8700 millones de dólares. Por eso la conjetura de un nuevo “dólar soja”, asociado a una alícuota mayor de retenciones, aliviaría dos frentes complicados del Gobierno. Por un lado, sostienen los expertos, haría más holgada la situación del fisco, que está amenazada por dos factores: la eliminación del impuesto PAIS, que llegará a fin de año, y el incremento de un nivel de deuda en pesos sólo disimulado porque los bonos en los que está cifrado son “cupón cero” y, por lo tanto, no contabilizan los intereses como un pasivo. Por otro lado, esa nueva ecuación de cotización del dólar y retenciones, sería un incentivo a la liquidación de divisas, que se ve afectada por la revaluación del peso derivada del interés del Gobierno por reducir la brecha cambiaria haciendo bajar el precio del contado con liquidación. Gracias a esa caída, el precio del dólar libre se iría pareciendo cada vez más al del oficial, lo que podría tentar a los funcionarios con eliminar el “blend”. Es decir, forzaría a que la totalidad de las divisas se liquiden en el mercado regulado, fortaleciendo las reservas del Central. |
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| | Un Milei cada vez más kirchnerista Javier Milei tilda cada vez más casilleros en la planilla de los métodos de la gestión del poder que ya aplicó el kirchnerismo en sus momentos de auge. Basta con hacer un recorrido a vuelo de pájaro de lo que va de estos nueve meses en la Casa Rosada. La última apelación de su equipo de comunicación de destinar las redes sociales de la Televisión Pública para desmentir que el rating de la transmisión de la cadena nacional del domingo no cayó tanto porque en realidad hay que sumar canales de cable y YouTube fue la versión más burda que trajo el recuerdo de lo que alguna vez fue "678", una programa para contar "las buenas noticias" y descubrir "la manipulación de la corpo mediática" desde un medio oficial. El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió "¿cuál es el problema?" cuando le marcaron la obvia utilización para fines políticos de un canal público cuando supuestamente llegaban para mostrar que se podía usar de otra manera, si es que no era que lo iban a cerrar porque se trataba de una mezcla de despilfarro con ideología. ¿En serio hay que explicar cuál es el problema? "Publicó la verdad frente a una mentira", se defendió Adorni. Lo mismo que decían en aquél momento. Se mostraba la verdad de cómo estaba el país frente a las mentiras que "instalaba el Grupo Clarín", por decir algo. Las similitudes son un montón. ¿Acusar al banco de la familia Brito por una corrida cambiaria? Lo hizo Cristina Kirchner varias veces en su mandato y ahora esta administración ya los acusó de ejecutarles "dos millones de Puts en un día" para intentar hacer saltar el dólar. ¿Señalar a los dueños de las empresas de medicina prepaga por los aumentos de la cuota? Recontra repetido. El Milei del libre mercado archivó a Murray Rothbard, el intelectual que escribía que los monopolios son buenos y fascinó al economista, para denunciar por "cartelización" a las compañías de salud después de quitarles todo tipo de regulaciones. ¿Calentarse con el periodismo porque le hacen críticas? No sólo se trata de otro Alcoyana-Alcoyana clarísimo, sino que incluso el jefe de Estado ha usado la misma expresión de "esbirros" para hablar de los periodistas de La Nación, como Néstor Kirchner en su momento se refirió a los empleados de los medios de Héctor Magnetto. ¿Pegarles a los economistas por observaciones que hagan sobre el rumbo del plan económico? Otra coincidencia. Por ahora, es cierto, sin ir a la Justicia a demandar a las consultoras por la publicación de mediciones de inflación, pero no faltan agravios desde la propia palabra presidencial que después habilita las hordas de punteros digitales a salir a hostigar 24/7. restricciones allá en noviembre de 2011. Aprendizaje, prudencia, cautela, no comer vidrio, en definitiva son todas explicaciones posibles de esta gestión de la decisión de sostener el cepo. Además, se mantiene una administración de los mercados paralelos de dólares con medidas que dejó Sergio Massa en su paso como ministro y candidato hasta finales del año pasado, como el llamado "dólar blend", es decir, la posibilidad de que los exportadores liquiden un 20% de sus divisas al tipo de cambio financiero, de manera tal de contener la brecha con el dólar oficial a costa de resignar reservas. |
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